Mi mama y hermano en Los Angeles. Foto: Gloria Jimenez.

Una empleada de Oxfam comparte el escape de su familia de la violencia en América Central.

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Gloria Jiménez es la Coordinadora de la campaña de Industrias Extractivas de Oxfam América.

Hay algo que falta en el debate sobre los miles de menores no acompañados que cruzan la frontera entre los Estados Unidos y México. Expertos y políticos estadounidenses se niegan a entender y hasta considerar los factores en pro y en contra que llevan a estos peligrosos cruces fronterizos y el rol que los EEUU tienen en la violencia que los provoca. Las presentes discusiones polarizadas sobre la imigración indocumentada  no reflejan en modo alguno la experiencia vivida por mi propia familia.

Yo nací en México y mi madre salvadoreña tenía casi treinta años cuando la guerra civil empezó en El Salvador. Mi madre dice no recordar mucho de ese periodo, aparte de que la violencia era generalizada y que la gente desaparecía. Simplemente no se volvía a saber nada de amigos o vecinos. Cuando empezaron a llegar los soldados a su pueblo en Cabañas, mi abuelo decidió que mi madre, junto con mis tías y tíos, salieran del país para evitar que fueran reclutados como soldados.

Afortunadamente, mi madre consiguió una visa de trabajo para emigrar legalmente a los EEUU, dónde trabajó en Los Ángeles, California, hasta conseguir lo suficiente para mandar por  mi hermano Edgar, a quien había tenido que dejar atrás. Edgar tuvo que hacer el peligroso viaje a través de México acompañado por mi tío. Casi lograron llegar a EEUU hasta que desgraciadamente fueron detenidos por la policía migratoria en la frontera entre los EEUU y México.

Mi tío fue encarcelado en una prisión para hombres, mientras que mi hermano de tan solo 7 años fue enviado a un centro correccional para mujeres por un par de meses hasta que mi mama pudo conseguir – por un préstamo de su patrón – los miles de dólares necesarios para la fianza..  Cuando le pregunto a mi hermano, “¿Cómo fue estar en la cárcel?”  ríe respondiendo solo: “estuvo bien.  Las mujeres me adoraban. Siempre me daban dulces”. Yo me imagino a las mujeres en esa carcel, solitarias y llenas de dolor por estar separadas de sus famlias, aprovechando la presencia de mi hermano para dar el amor que no podían dar a sus hijos y hermanos). Evito pensar en lo que no me dice esperando que eso esté enterrado en su memoria.

Algún tiempo después de que mi madre y mi hermano se reunieron, mi madre conoció a mi padre, y otra vez se pusieron a cruzar fronteras. Esta vez con destino a México,  para cuidar a mi abuela que se encontraba mal de salud. Después de tratar de sostenernos en México – aunque mi madre hizo todos los trabajo que una mujer con poca educación puede hacer – regresamos a los EEUU, esta vez una familia más grande – conmigo a cuestas y demasiado joven para recordarlo. Regresamos a la tierra de promesas, al país que había encarcelado a mi hermano siendo niño y que es hoy un profesional con grado de Doctor por la Universidad de Stanford que hoy día trabaja para una comunidad de bajos recursos.

Según un informe de la Agencia para los refugiados de la ONU, casi 60% de los niños no acompañados recientemente llegados a los EEUU, fueron desplazados de manera forzosa debido  a la inseguridad. Antes de unirme al equipo de la campaña de Industrias Extractivas de Oxfam América,  vi este tipo de inseguridad en Tailandia y Uganda, donde miebros de comunidades vulnerables fueron desarraigados de manera repentina cuando una compañía minera o algún proyecto de explotación petrolera o de gas llegó a sus comunidades. Este tipos de proyectos tienen una larga historia en el desplazamiento de personas, creando trabajos peligrosos, temporales y/o de baja calidad o no creando ningún tipo de trabajo, amenazando los hogares y frecuentemente ignorando y/o no beneficiando a las economías locales.

Quizá no resulte sorprendente que proyectos de las industrias extractivas a menudo provoquen  violencia e inestabilidad en las comunidades. Esto  sucedió recientemente en Guatemala donde un guardia de seguridad de la Tahoe Resources (Goldcorp) – compañía minera – asesinó a Topacio Reynoso, una joven de dieciséis años durante una marcha pacífica contra la mina en abril de este año.

No hay investigación que sustente el hecho de que las luchas y conflictos económicos en las comunidades ricas en recursos naturales en América Central estén jugando un rol significativo en la presente crisis fronteriza, aunque los efectos negativos de las industrias extractivas de extracción estén bien documentados.

Está por ejemplo, el caso de la compañía minera PacificRim/Oceana Gold, que a pesar de haber cometido abusos contra los derechos humanos, insiste en operar en el departamento Salvadoreño de Cabañas, el hogar de mi madre. La compañía está demandando al Gobierno de El Salvador por $301 millones de dólares por haberle negado el permiso para explorar la mina El Dorado, a pesar de que la comunidad le está pidiendo a la empresa que se vaya (ver la página de Facebook: https://www.facebook.com/noalamineria).

He aquí las preguntas clave sobre el alarmante éxodo de menores no acompañados procedentes de centroamerica que deben entrar en la discusión de la crisis fronteriza: ¿Deberíamos criminalizar a refugiados económicos cuyos medios de subsistencia son destruidos cuando los EEUU subsidian a sus propias compañías, vendiendo a precios muy por debajo de los precios locales?, o cuando los EEUU envian ayuda alimentaria con miras a favorecer  la industria del transporte marítimo? o cuando no logramos reglamentar las industrias de extracción? ¿Deberíamos criminalizar a refugiados de los conflictos en Amércia Central por la escalada de la violencia producida por la “guerra contra las drogas” liderada por los Estados Unidos? o deberíamos deportar a criminales juzgados en los Ángeles – hasta por crímenes menores – simplemente porque queremos quitarnos el problema de ocuparnos de ellos de encima?

Sin importar los factores que contribuyen a la crisis fronteriza, Oxfam América está exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que los derechos de estos niños y niñas vulnerables sean protegidos, que se les asegure un debido proceso legal y que su protección sea garantizada. Hablo por mi familia cuando digo que dado a lo que han vivido, esto es justo y necesario.